El ambientalista Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reclamó del Gobierno
iniciar una profunda investigación sobre un alegado fraude por 18 mil
millones de pesos que en perjuicio del Estado dominicano habría cometido
la minera Falconbridge.
El también miembro de la Academia de Ciencias explicó que la minera
canadiense ha cometido un fraude eléctrico por más de RD$6,342 millones,
dejados de pagar al Estado, además de otros 12 mil millones de pesos
por la supuesta contratación de un cargamento de carbón mineral que
nunca llegó al país y que sería traído vía el sindicato de la empresa.
El fraude se habría descubierto, luego que la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), requiriera al gremio el pago de impuestos por
un monto superior a los mil 200 millones de pesos por ingresos y
financiamientos obtenidos.
El ingeniero Luis Carvajal al hacer la denuncia, rechazó los
argumentos de la empresa Xstrata Nickel Falcondo de que los terrenos de
Loma Miranda no pueden ser declarados parque nacional, porque es
propietario de éstos desde hace varios años.
El profesional de la Minería ripostó a los ejecutivos de Xstrata
Nickel Falcondo al sostener que el Estado dominicano es soberano y está
facultado mediante leyes y la Constitución de la República para declarar
cualquier extensión territorial de utilidad pública y como reserva
natural.
Entrevista en "El Gobierno de la Tarde", de la Z101, Carvajal
consideró que los ejecutivos de la minera canadiense repiten una
falsedad que se ha sido aceptada por funcionarios del Gobierno, en el
sentido de que un derecho de concesión es válido para que el Estado
autorice el derecho de explotación del área explorada.
"Nada más falso, sin pasar por todo el sistema de permiso establecido
por el sistema jurídico y la Constitución de la República", proclamó el
coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD.
Al estimar que la actual Ley de Minería es obsoleta y colonial, pidió
el respaldo de los distintos sectores sociales a los reclamos de la
UASD porque esa legislación sea reformada y el Congreso Nacional se
aboque a una nueva ley, que proteja los recursos naturales de los
intereses de las multinacionales.
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