Según un estudio realizado por la ONG alemana
Transparencia Internacional (TI), reveló que la República Dominicana se
encuentra entre los países que más pagaron sobornos durante el período de un
año, para obtener beneficios en servicios básicos.
Entre estos también se encuentran de México y
Perú que se unen a las naciones donde impera la corrupción
administrativa.
En la investigación titulada “Las personas y la
corrupción”, se resalta la corrupción administrativa desatada en ambos países.
Dicha exploración contó con la muestra de 22,000 personas de 20 países de la
región, y quienes aseguran que estas prácticas están en aumento, ya que los
Gobiernos no las combaten con determinación, por lo que casi un tercio de quienes
las denuncian sufre represalias.
«La fotografía de la región no es positiva.
Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha
empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un
buen papel», resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI
para las Américas.
México es el país donde más encuestados aseguran
haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51% de los interrogados,
seguido por República Dominicana (46%), Perú (39%), Venezuela (38%) y Panamá
(38%). En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago
(6%), Brasil (11%), Argentina
El presidente de TI, José Ugaz, criticó en un
comunicado que latinoamericanos y caribeños estén «siendo defraudados» por «sus
gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado». «El caso Lava
Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción
está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para
unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en
especial, para los sectores más vulnerables», argumentó.
Hospitales y colegios
Los hospitales públicos es donde en más ocasiones
se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20%), seguido por la
escuela pública (18%), las oficinas de documentos de identidad (17%), la
policía (16%), los servicios públicos de agua y electricidad (14%) y los
tribunales (12%).
Por instituciones y a nivel regional, la policía
y los representantes electos son percibidos como «todos o casi todos corruptos»
por el 47% de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45%), el primer
ministro (43%), jueces y magistrados (40%), empleados públicos (37%),
empresarios (36%) y líderes religiosos (25%). Destaca también que en Venezuela
el 73% de los encuestados considera que la policía es sumamente corrupta, el
porcentaje más alto de la región, y que en Honduras, el 56% de los encuestados
que acudieron a la Justicia manifestaron que habían pagado un soborno.
Salas destaca que ricos y pobres se ven afectados
de forma similar por la corrupción, con lo que en términos relativos afecta mucho
más a las personas con menores ingresos.
TI considera que la «medida más
importante» contra la pequeña corrupción es dar una información «completa sobre
derechos y costos de los trámites», explica Salas.
Es clave además mejorar la
«protección al denunciante», un ámbito en el que «en América Latina estamos en
pañales»: «Está hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se atreven
muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedo».
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