El presidente Danilo Medina emitió un decreto con carácter de urgencia
para rehabilitar 56 hospitales de distintas provincias de República Dominicana,
como parte de su plan de gobierno. Eso fue en 2013. Tres años después, en cinco
de ellos se dieron cambios extraordinarios de profesionales asignados, enormes
aumentos presupuestales que rebasan el 2,000 %, así como serias violaciones a
leyes y reglamentos. Hoy, las obras están sin concluir.
El
polvillo hacía toser aún más al niño de Cándida cuando, sentados en los fríos
asientos del hospital, esperaban al médico de turno. Ese polvo era porque el
suelo del segundo piso se caía a pedazos.Circular por aquel nivel de la
maternidad ubicada en Santo Domingo, la ciudad capital de República Dominicana,
era una travesía para los empleados de la salud y los pacientes que buscaban
asistencia.
Evadiendo el groso boquete del suelo, que cada
vez se agrandaba más, Cándida se dirigía hacia el consultorio del doctor
Rodríguez de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que ha recibido al
menos el 10 % de la población dominicana en los últimos 70 años. Unos de ellos
son Cándida y su hijo Rodrigo, quien llegó al mundo cerca de ese gran agujero
en ese 2013.
Las malas condiciones no eran exclusivas de la
maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. El panorama en los hospitales de
República Dominicana era desolador en aquel entonces. Más del 80 % yacía en
estado físico deplorable, con mínima capacidad de atención médica y falta de
equipos necesarios para estudios especializados. Era un verdadero estado de
emergencia.
Por ello, la mañana del miércoles 27 de febrero
de 2013, el presidente Danilo Medina expresó que la reestructuración de la
atención primaria y especializada de Salud Pública y Asistencia Social, en los
grandes hospitales del país, sería parte esencial de su trabajo junto al
Ministerio. “La salud pública es otro buen ejemplo de esa mejora en los
servicios que hemos comenzado y que vamos a seguir profundizando”, dijo en el
Congreso Nacional.
Cinco meses después, Medina emitió el decreto
MISPAS-CCC-PU-2013-08 para la reparación y mantenimiento general de centros
hospitalarios e intervención de otras áreas de salud en el país. Ello daba paso
a una declaración de urgencias para la remodelación y reconstrucción de 56
hospitales que estarían bajo el amparo de Salud Pública.
De
acuerdo con la convocatoria, arquitectos e ingenieros tenían nueve días para
presentar las documentaciones necesarias y participar del concurso. Pero ésa
era una condición poco habitual en el gobierno dominicano, porque, por ejemplo,
el Ministerio de Educación había dado hasta 20 días en sus convocatorias para
la construcción de nuevos centros educativos y estancias infantiles.
La situación provocó que los profesionales de la
construcción –encabezados por miembros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos
de Obras del Estado (CODIA)– se manifestaran frente al Ministerio de Salud, con
pancartas y pronunciamientos contra las instituciones estatales. Reclamaban una
extensión de la fecha para poder participar en el sorteo.
Gracias
a las protestas, los constructores lograron que el tiempo para entregar sus
documentaciones y participar en la obtención de las obras se extendiera seis
días más. Sin embargo, el gobierno no les hizo fácil el camino. “Tuvimos que
luchar contra una serie de requisitos y exigencias que se pusieron en el
pliego”, critica la expresidenta del CODIA, Esther Minyeti.
Al final, el 26 de agosto de 2013, a las 10 de la
mañana, en la sede central del Ministerio de Salud Pública, se adjudicaron las
obras de los 56 hospitales a 56 ganadores, como lo establecía el decreto para
la reparación y mantenimiento general de centros hospitalarios e intervención
de otras áreas de salud. Pero algo no estaba bien: “Fue un traje hecho a la
medida de determinadas personas de las empresas o profesionales que querían que
se ganara”, afirma Minyeti.
Hubo otro detalle más. Esta investigación
periodística documenta cómo, en cinco de estos 56 hospitales, ocurrió algo
inédito tres años después: sin justificación alguna, el gobierno quitó el
proyecto a las empresas que habían ganado originalmente la licitación, lo reasignó
a empresas que no concursaron y aumentó los montos económicos hasta 2,000%, en
algunos casos.
Manejos ilegales
El 28 de marzo de 2016, el Ministerio de Salud y
Asistencia Social, el Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE) firmaron un acuerdo que dio un giro
inesperado a lo indicado en los contratos de ejecución de cinco de las 56 obras
que había convocado el Ministerio de Salud en 2013.
El documento autorizaba a la OISOE “a rescindir,
renegociar, añadir adendas, enmendar, solicitar documentos cualesquiera que considere,
tramitar actuaciones administrativas y judiciales” en esos hospitales. Señalaba
también que la supervisión de las obras quedaría bajo la responsabilidad de la
OISOE; empero, los pagos y cubicaciones de cada una de las obras continuaría
bajo el presupuesto general del Ministerio de Salud.
La justificación, según el texto, era
“mejorar las condiciones de infraestructura de los centros hospitalarios de
servicios de salud, para impulsar un proceso de desarrollo dinámico y
sustentable que ajuste a los cambios y exigencias de los nuevos tiempos”. No
obstante, tuvo como consecuencia cinco rescisiones de contratos, los cuales
fueron reasignados a participantes que no resultaron ganadores en 2013, además
de que ya se habían realizado inversiones por más de 375,490 dólares (20
millones de pesos).
Lo anterior contraviene la Ley 340-06 de Compras
y Contrataciones Públicas, la cual indica que “segundos y terceros ganadores
del sorteo deben ser las opciones siguientes para la obtención de las obras”.
Además, en el Artículo 48, señala que cuando el ganador no se presente dentro
del plazo otorgado, “el órgano encargado de las contrataciones llamará al
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el
contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si
este postor no suscribe el contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso
de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable”.
“No he visto ningún artículo que permita
reasignar obras”, manifiesta el abogado Luis Soto, especialista en compras y
contrataciones públicas. “En mi opinión, si desapareció el objeto del contrato,
porque la obra no se va a ejecutar, lo que debe hacerse es licitar”, continúa y
detalla que ante cualquier modificación de una obra ya asignada se debe hacer,
de nueva vez, una licitación pública para reasignarla a otra empresa o
profesional.
Ramón Rodríguez, ganador original de una obra
hospitalaria en la provincia Monseñor Nouel, que es una de las cinco
cuestionadas por el despojo tras el acuerdo, protesta: “Es ilegal.
Cuando una
empresa no ha participado en un proceso no tiene que ser beneficiada”. Sustenta
sus acusaciones en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que establece,
en el Artículo 11, como cláusula para la derogación de un contrato, “prácticas
fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o
con terceros que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario