Los salarios, posiciones y bienes de los funcionarios destituidos en Inaipi
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Este miércoles el Poder Ejecutivo destituyó a
siete funcionarios públicos en el Instituto Nacional de Atención a la
Primera Infancia (Inaipi) tras detectar irregularidades durante procesos
de compras.
Los destituidos ganaban desde 95 mil pesos, siendo la de menor
salario la responsable de Acceso a la Información Pública, y el de mejor
salario devengaba 170 mil, quien fungía como subdirector general de
Gestión Institucional.
De acuerdo al decreto 146-20, fue destituido Juan López, subdirector
general de Gestión Institucional, quien según la nómina de personal fijo
de Inaipi devengaba un salario de RD$170,000.00.
López fue juramentado en el Comité de Gestión de la Calidad en junio
de 2017, y no consta una declaración jurada sobre sus bienes.
También fue destituida Ramona Beatríz Hernández, quien pertenecía a
la institución como directora Administrativa y Financiera, con un sueldo
de RD$155,000.00.
Sobre Hernández, designada el 3 de abril de 2017, consta una
declaración jurada de bienes fechada el día 14 de febrero del año 2018,
donde esta registra una casa propiedad de ella y su esposo de 4.5
millones de pesos, una jeepeta Hyundai Tucson valorada en 500 mil pesos,
bienes muebles por un millón de pesos, y una cuenta compartida con su
hija con 149,967 pesos.
Asimismo está Alberto José Patxot Duarte, quien hasta su cancelación
laboraba como director de Planificación y Desarrollo, con una
remuneración de RD$155,000.00 mensual. Este exfuncionario no consta con
declaración jurada.
Ricardo José Guzmán Domínguez, director de Operaciones cobraba
RD$155,000.00, sin declaración de bienes y Maira Martínez de la Rosa,
encargada de compras y contrataciones RD$130,000.00.
La encargada de compras, en una declaración jurada de bienes de
finales de 2018, declaró poseer una casa valorada en cinco millones de
pesos, y una parcela de 500 mil, y una jeepeta Honda CVR por valor de un
millón de pesos, para un total de 6.5 millones en bienes. Fue designada
el primero de junio de 2017. Esta es la única declaración con que se
consta en la Cámara de Cuentas de esta persona.
También fueron cancelados Stefany Severino Cuello, encargada del
Departamento Jurídico conRD$130,000.00 y Clementina de Jesús Pieter
Santana, responsable de acceso a la Información Pública con un sueldo de
RD$95,000.00.
Al destituirlos, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio
Darío Espinal, informó que los mismo serán puestos a disposición de la
Procuraduría General de la República con las evidencias halladas.
La Procuraduría deberá ahora comparar los bienes a la designación de
los funcionarios, y a su desvinculación, para posteriormente tipificar
los delitos en los que pudieron haber incurrido.
El empresario Pablo Cabrera fue quien dio la voz de alarma el martes,
acusando a la entidad de favorecer a una empresa, hasta el momento
desconocida, con una licitación valorada en $100 millones de pesos para
la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en $2,500
pesos.
Martin Adames; Listin Diario
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