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Ayer la República Dominicana competía
con Ecuador en el liderazgo latinoamericano en la tasa de letalidad, o
fallecidos por cantidad de contaminados por el coronavirus, 4.7 y 4.9
por ciento, respectivamente, y tenemos una de las más bajas tasas de
recuperación, de apenas 1.8 por ciento, cuando en el mundo promedia 21
por ciento. Y sólo hemos realizado unas 7 mil pruebas para la detección
del virus, cantidad que se practica cada día en muchas naciones.
Registramos un escándalo cuando
trascendió el tráfico de influencia, que es una forma de corrupción, en
las licitaciones para las compras de equipos y materiales de urgente
necesidad en el sistema de salud, siquiera para proteger a médicos y
enfermeras. Cuando parecieron irrebatibles las irregularidades o si se
quiere imprevisiones e ineficiencias, el ministro de la Presidencia nos
consuela informando que habían quedado anuladas adjudicaciones de
comprar por 2,725 millones de pesos, de las que hizo el Servicio
Nacional de Salud a 16 empresas, y que sólo han prevalecido
adquisiciones por 143 millones de pesos.
Eso implica que los beneficiarios de las
licitaciones apenas pudieron cumplir con el 5 por ciento de las
adjudicaciones en el plazo de 5 días que tenían, y que después de una
semana de la convocatoria, el Estado se ha quedado sin los
desinfectantes, las mascarillas, batas, gorros, botas, espejuelos de
protección, y termómetros digitales que hace más de un mes se reclama a
gritos en los hospitales.
No se ha cuestionado la reconocida
honorabilidad y la dedicación del director del Sistema Nacional de
Salud, Chanel Rosa Chupani, ni la del ministro de Salud, Rafael Sánchez
Cárdenas, pero éstos como el también honorable Gustavo Montalvo, en vez
de atribuir malas intenciones a quienes velan por la transparencia,
deberían dar explicaciones, o reconocer que alguien metió la mano, o al
menos que sus licitaciones no fueron eficientes.
Lo primero que deben responder es por qué
se otorgó el 65 por ciento del monto de la primera adjudicación de
compras a dos empresas que ni estaban registradas ante la dirección de
Compras y Contrataciones del Estado para esos renglones, que no tenían
el menor aval, ni de representación de productores o importadores, ni de
almacenamiento de esos productos.
La parte de la sociedad que reclama
transparencia quisiera que le explicaran bajo qué criterios se adjudicó
el 53 por ciento de esas compras a la empresa constructora Tools &
Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas el mismo día que se declaró
la emergencia que flexibiliza las normativas de contrataciones
públicas, el 19 de marzo, registró ante la Cámara de Comercio y
Producción un cambio estatutario para dedicarse a la comercialización de
insumos y materiales hospitalarios. ¿Quién consideró que esa empresa,
con un capital de apenas 100 mil pesos, registrada como propiedad de un
empleado privado y un chofer, podía entregar en cinco días productos
demandados por la emergencia nacional, sin el menor antecedente en esos
renglones, en la primera licitación, por 1,515 millones de pesos, y
luego hasta un total sobre 2 mil 100 millones con las de otras dos?
¿No se advirtió que entre las mismas
ofertantes había diferencias de precios hasta superiores al 100 por
ciento, y que procedía escoger las menores, y bajo qué eficiencia se
dieron apenas horas para presentar ofertas,
por qué no fueron directamente a empresas de zonas francas que producen
algunos de los productos que se quería adquirir, y por qué el Estado
mismo no importó directamente?
Aún nuestro sistema
de salud no dispone de suficientes pruebas para la detección temprana
del virus. Pero Perú compró a China 1 millón 400 mil pruebas, por 29
millones de dólares, hace tres semanas, cuando sólo contaba 263
contagiados y 4 fallecimientos. Brasil adquirió también de China 200
millones de equipos de protección. Pero aquí es el candidato
presidencial oficialista quien importa desde China en sus pequeños
aviones. Que Dios y la virgencita de La Altagracia nos cojan confesados!
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