La Procuraduría General de la República informó ayer viernes que ha
apelado la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, de otorgar
libertad condicional al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y
al empresario Ángel Rondón, implicados en la red de sobornos que la
constructora brasileña Odebrecht reveló que pagó en el país.
La institución expresó, en un comunicado, que la variación de las
medidas de coerción a esos imputados carece de fundamento, porque no han
cambiado las condiciones que en junio pasado determinaran que el juez
de la Suprema Corte de Justicia, Ortega Polanco, dictara prisión
preventiva contra los acusados.
El Ministerio Público llamó a la ciudadanía a permanecer “atenta y
vigilante” de los jueces que conocerán esta apelación, destacando que
luchar contra la corrupción y la impunidad es una tarea que debe
involucrar la participación de toda la sociedad.
La Procuraduría consideró que a pesar de la variación en las medidas
de coerción, tanto a Díaz Rúa y Rondón Rijo, como a otros de los 14
implicados hasta el momento, el caso Odebrecht continúa abierto, por lo
que todos los responsables deberán responder en los tribunales por los
delitos que se les señalan.
Asimismo, defendió la “ardua y fructífera” labor que, a su juicio, ha
realizado el equipo de fiscales de carrera a cargo de la investigación,
calificando además de “extemporáneo o interesado” decir que el
expediente construido hasta ahora es débil.
En ese sentido, aseguró que con los datos y evidencias recabados en
el país por esos fiscales, junto a los testimonios, archivos, documentos
bancarios, contratos, correos electrónicos y cientos de informaciones
suministradas por Odebrecht, a la fecha, el Ministerio Público puede
garantizar que tiene en sus manos un caso fuerte.
Adelantó, además, que su equipo de fiscales continúa recolectando más
elementos probatorios, para dentro del plazo de 8 meses concedido en
junio pasado por el juez Ortega, presentar una acusación que asegure
sanciones ejemplares para todos los involucrados en el entramado ilícito
orquestado en el país, bajo auspicio de la multinacional brasileña.
El empresario Rondón, de acuerdo al expediente, fue quien recibió y
distribuyó entre políticos y legisladores los 92 millones de dólares que
Odebrecht reveló pagó en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse la
adjudicación de contratas gubernamentales.
Rondón y Díaz Rúa, habían sido enviados a prisión preventiva por un
año y 9 meses respectivamente, por el propio juez Ortega Polanco.
En el caso también están involucrados los senadores oficialistas
Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado opositor
Alfredo Pacheco.
Asimismo, el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y
el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista
García.
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