¿A manos de quién fueron a parar los 40 millones de dólares pagados por la JCE?

Un informe de 40 páginas, elaborado por la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral, puede servir como base para que el Ministerio Público actúe en defensa del patrimonio del país, y procese a los pasados funcionarios del organismo electoral y los ejecutivos de la empresa INDRA Sistemas S.A, quienes pactaron un contrato por 31.8 millones de dólares para automatizar el registro civil y los procesos del escrutinio electoral, y no sirvieron para nada en las elecciones del 2016, pero tampoco sirven para futuros procesos electorales dominicanos. Claro, la JCE terminó pagando 39.4 millones de dólares por el servicio no prestado, y que provocó un tremendo entaponamiento en la transmisión de los resultados electorales, que no se tuvieron hasta un mes después de las elecciones.

“El 11 de febrero de 2015 se convocó la licitación JCE-CL-LPI-012015 en busca de nuevas tecnologías que permitiera mejorar los tiempos de respuesta en elecciones de alta complejidad como las Congresuales y Municipales. Licitación adjudicada a la compañía Indra Sistemas, S.A. en fecha 5 de diciembre de 2015 por un monto de US$ 31,831,680.00 dólares americanos (ITBIS incluido)”.

Así comienza en el informe de la Dirección de Informática de la JCE, para concluir que “Por todo lo enunciado en los párrafos anteriores, salvo su mejor parecer, sugerimos No hacer uso en procesos electorales futuros de los equipos de registro de concurrentes y de escrutinio automatizado”. Está claro que esos equipos no sirvieron para nada, y ese acuerdo se convirtió en una burla al pueblo dominicano. Se trata de 40 millones de dólares malgastados, entregados supuestamente a una empresa que no rindió los servicios, ni entregó los equipos para el escrutinio de los votos, y que tan pronto recibió el dinero se marchó del país.

El doctor Eddy Olivares Ortega, quien fuera miembro titular de la JCE, había sugerido con tiempo y con documentos que se sometiera judicialmente a los representantes de la empresa por incumplimiento de contrato, pero los ejecutivos encabezados por Roberto Rosario Márquez rechazaron esa posibilidad. Decidieron, convenientemente para ellos, cerrar el caso.

Este documento de la Dirección de Informática contiene detalles de la irresponsabilidad con que se manejó ese contrato, de la forma en que fue marginada la parte tecnológica de la JCE, y los manejos irresponsables que se hicieron con ese pacto, que expusieron al país ante una posible ruptura del orden democrático, porque se trató de una elección presidencial, que de haber resultado competitiva, hubiese desencadenado actos de violencia incontrolables.

El documento explica la desgracia de la sociedad dominicana, con instituciones que se burlan de los mecanismos de supervisión.

“Es evidente la improvisación, la falta de control y la carencia de un plan de trabajo integrado a un plan estratégico y al calendario electoral. Esto se veía venir con el hecho de firmar un acuerdo de tecnología, con todo lo que esto implica, y modificaciones de ampliación al acuerdo, a menos de 75 días de las elecciones. Pero, esta falta de control se hace claramente evidente al aceptar la entrega de los equipos a pocos días de las elecciones”.

¿Necesitas más de ahí el Ministerio Público para actuar contra las pasadas autoridades de la JCE y de INDRA Sistemas?

Si es así, que se necesita más, que lean este párrafo del informe:

“Sin embargo, las recomendaciones técnicas fueron obviadas debido a la constante improvisación y premura del proceso. En cuanto al software, esto permitió que fallas graves reportadas desde el inicio quedaran sin resolver. En cuanto a los dispositivos, implicó el ensamblaje de los mismos con fallas inaceptables para su uso en un proceso electoral. Esto último quedó demostrado por más de 4 mil unidades que, solo de problemas de hardware, fallaron tanto en las pruebas como en las elecciones”

Y hay más, para que quienes tenían dudas sobre las buenas intenciones de las autoridades, ahora comprendan en manos de quiénes estábamos con la organización de las pasadas elecciones. Esas autoridades dejaron deudas por encima de los 2,400 millones de pesos:

“Consideramos que todas las modificaciones, arreglos y mejoras solicitadas debieron ser sometidas y arregladas dando cumplimiento a la garantía. Además, el principal problema detectado ha sido el del conteo de las boletas, el cual no fue arreglado a pesar que se destinó una partida con un valor de US$ 3,979,520.00 dólares americanos por el concepto de “Mejoras a los equipos de Identificación y Registro”; partida que en el punto II.2.2 del Anexo I define como su objetivo precisamente atender este tema de las boletas”.

Algo tendrá que hacer el Ministerio Público en este caso. Ya la JCE emitió su informe técnico. No le toca hacer nada más, porque es el Ministerio Público en que debe asumir ahora la responsabilidad de investigar a dónde fueron a parar los casi 40 millones de dólares que se pagaron para ese proceso.

Con estos dos párrafos del informe cerramos este comentario:

“El desempeño de los equipos, conforme a las expectativas contratadas, fue muy pobre. Un 36% de los Colegios Electorales no transmitió ningún dato y aproximadamente el 58% de las Relaciones de Votación del nivel C1 fueron procesadas de forma manual debido a que no se pudo completar el proceso desde los Colegios Electorales”.

“Por cuanto, luego de revisar el diagnóstico realizado a las unidades de registro y escrutinio, y habiendo ponderando los problemas técnicos de los equipos juntos con los fallos de software, salvo su mejor parecer, sugerimos no hacer uso de los mismos en procesos electorales futuros”.