De opinión
Por: Juan Ubaldo Sosa
En República Dominicana existe un debate eterno sobre si los magistrados jueces deben ser “apolíticos”. Pero la realidad histórica demuestra otra cosa: el poder judicial, especialmente en las altas cortes, siempre ha estado atravesado por intereses políticos.
El caso del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es uno de los más controversiales.
Su llegada al máximo tribunal no estuvo marcada por una trayectoria destacada en la carrera judicial, sino por una evidente cercanía con el poder político de turno. Y no ha sido el único caso.
Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina impulsaron designaciones judiciales pensando más en lealtades y conveniencias políticas que en méritos profesionales.
Basta observar la composición histórica de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional para comprender que las altas cortes han sido escenarios de disputas políticas disfrazadas de institucionalidad.
El problema no es que los jueces tengan visión política —porque gobernar justicia dentro del Estado siempre tendrá una dimensión política—. El verdadero problema surge cuando las designaciones sacrifican capacidad, independencia y méritos profesionales en favor del servilismo partidario.
Tal vez como sociedad debemos dejar de fingir que existen jueces “neutrales” en las altas esferas del poder. La historia dominicana demuestra que la toga muchas veces termina respondiendo a la misma lógica que mueve la política: intereses, cuotas y control.
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