Por: Ubaldo Sosa.
No termino de entender por qué tantos sectores se han crispado con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, cuando existe un amplio consenso sobre la necesidad de modernizar una legislación que llevaba décadas de atraso.
Su aprobación fue obstaculizada durante años por grupos que, de una u otra forma, se beneficiaban del desorden, la impunidad y la falta de transparencia.
Durante demasiado tiempo han operado verdaderas industrias del chantaje y la difamación, amparadas en plataformas digitales desde las que se ataca, sin consecuencias, el honor y la reputación de jueces, fiscales, abogados, médicos, sacerdotes, empresarios, profesores y de cualquier ciudadano que se convierta en blanco de sus intereses.
La libertad de expresión nunca debe confundirse con el derecho a destruir la dignidad ajena.
En cuanto al sector médico, sus preocupaciones son legítimas, pero debieron canalizarse durante la discusión del proyecto en el Congreso Nacional o durante el período de vacatio legis, que fue de un año.
Hoy la realidad exige asumir que el riesgo médico-legal es parte del ejercicio profesional moderno. Ello no significa ejercer con miedo, sino con mayor preparación, prudencia y estricto apego a los principios científicos, éticos y legales que rigen la medicina.
También la sociedad —y muy especialmente los tribunales— debe comprender que no todo resultado adverso constituye una mala práctica médica.
La medicina no es una ciencia exacta y toda intervención sanitaria implica riesgos, incluso cuando se realiza correctamente. La responsabilidad jurídica surge cuando el daño es consecuencia de una actuación negligente, imprudente, imperita o contraria a la ley y a la ética profesional.
No comparto la idea de posponer la entrada en vigor del Código Penal.
Ninguna ley ha satisfecho jamás a todos los sectores. Lo que sí ha faltado es información, estudio y debate oportuno. Esa ausencia de orientación ha alimentado el temor, la incertidumbre y la desinformación.
Más que retrasar la aplicación de la ley, lo que corresponde ahora es conocerla, comprenderla y aplicarla con equilibrio, justicia y respeto a los derechos de todos.
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