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En la resolución de medida de coerción, el juez especial de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) argumentó que en ese caso,
independientemente de la característica, “no procede imponer la medida
de coerción más grave, que es la prisión preventiva, toda vez que el
imputado presenta presupuesto suficiente para garantizar su presencia a
los actos de proceso que se le sigue, todo esto corroborado con su
actitud de comparecer a todos los actos de investigación cursados hasta
el momento en el caso que se le sigue”. En cambio, le impuso de
presentación periódica cuando lo requiera el ministerio público.
La primera prueba que presentó el exviceministro de la Juventud ante
el juez para justificar su arraigo fueron los certificados de propiedad
de tres apartamentos, ubicados en el residencial Torre Sesqui, en el
sector Evaristo Morales.
La lista de documentos depositados por el exfuncionario incluye una
copia de las matrículas de 2 vehículos, un automóvil, marca audi, y una
jeepeta Gran Cherokee, ambos del año 2012.
Además, una certificación del cargo de viceministro de la juventud,
en la que se hace constar que devengaba un salario de RD$200,000.00.
Igualmente, certificaciones de varios bancos sobre las cuentas y
tarjetas de créditos y original de 3 registros mercantiles expedidos por
Supreme Studios, S.R.L Soluciones Grupo Consultor R.G.R.L, y Lexdom
Buro Legal, S., a.
A esto se suman certificaciones de los clubes de los que es socio,
de estudios de educación superior realizados tanto en el país como en
el extranjero, así como de reconocimientos recibidos, cuyos elementos
probatorios fueron presentados a través de los abogados Marcos Abelardo
Guridi Luis Péláez Esterlin, sus representantes legales en el proceso.
Designación
Odalis Junior Ledesma Hernández fue designado como viceministro de
Políticas Públicas de la Juventud el 15 de septiembre del 2012,
mediante el decreto 533-12.
Ledesma Hernández fue destituido este viernes por el presidente
Danilo Medina a través del decreto 340-18, de fecha siete de septiembre
del 2018, lo cual se produjo después que el juez de instrucción
especial de la SCJ le había impuesto medida de coerción por acusación
de abuso sexual.
La medida de coerción fue emitida el 20 de julio del 2018, según
consta en el fallo del juez de la SCJ, pero fue conocida ayer por un
comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, a través
de su departamento de Comunicaciones.
El ministerio público había solicitado un año de prisión preventiva,
argumentando las graves acusaciones que pesan en su contra, pero el
magistrado Hiroito Reyes solo le impuso presentación periódica las veces
que lo requiera el ministerio público.
El caso fue instruido en la jurisdicción privilegiada de la SCJ por
ser el imputado un viceministro, pero al ser destituido deberá ser
declinado a la jurisdicción ordinaria.
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