De opinión.
En un estado de derecho, la actuación de un funcionario público no es ni debe ser personal, de una forma u otra, compromete la responsabilidad del estado.
Por tanto es entendible, que el daño moral que el gobierno del presidente Luis Abinadel, y el PRM, les han causado al ciudadano Michael Dicent, y luego de la sentencia del más Alto Tribunal de Justicia, la que le declara inocente de los hechos que se les imputaban, debería responderles por ese perjuicio.
Es un principio claro, los daños causados dentro del ejercicio de sus funciones les han afectado su honor, su dignidad, su reputación y su bienestar emocional por tanto, el gobierno no debe eximirse actuando de manera indebida. La propia ley, le reconoce éstos derechos e incluso, puede reclamar el reembolso de sus salarios pues quedó demostrado, que no hubo dolo, negligencia grave, ni abuso de poder, ni de mala fé.
Michael Dicent, y según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, no tuvo una conducta reprochable ni nada que haya vulnerado derechos fundamentales dentro de sus funciones por lo qué en definitiva, el estado dominicano debe resarcir todo daño moral causado.
Con éste respeto a los derechos ciudadanos, se fortalecerá la institucionalidad, se reafirmaría la supremacía de las leyes y se les devolvería la confianza en la justicia a la población.
Vamos a hacerlo así.


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